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Barómetro de acceso a la anticoncepción: muchos suspensos

En España la estrategia de salud sexual y reproductiva se ha paralizado, tal y como muestra el barómetro europeo sobre acceso de mujeres jóvenes a la libre elección de anticonceptivos modernos.

Si bien desde el inicio de los 80 hasta ahora en el Estado Español ha habido un progreso importante en la utilización y acceso a los métodos contraceptivos seguros (70 por ciento de la población española en edad fértil), el barómetro muestra que en la actualidad nuestro país obtiene índices bajos o muy bajos en aspectos importantes, muy por debajo del nivel que nos debería corresponder por nuestro grado de desarrollo y  la calidad del Sistema Sanitario Público. Tal y como señala el informe europeo, «la estrategia de salud sexual y reproductiva (SDSR) ha dejado de ser una prioridad y se ha paralizado, en la práctica, su aplicación».

“Suspendemos en casi todo, especialmente en educación sexual”.  El presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal, Luis Enrique Sánchez Acero, recuerda que el Gobierno ha paralizado la estrategia  de salud sexual y reproductiva, lo que ha producido un retroceso en el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, dificultades en el acceso a los servicios de planificación familiar y ausencia de implementación de una política de formación coherente hacia estudiantes y profesionales sanitarios. Por otro lado, la FPFE advierte que “hay evidentes desigualdades en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva en los servicios de salud de las distintas Comunidades Autónomas”. Los recortes presupuestarios, de personal, la insuficiencia de servicios especializados de orientación y las dificultades de formación repercuten en el acceso real a los servicios, especialmente en colectivos vulnerables. El acceso de las mujeres jóvenes a métodos anticonceptivos modernos tiene que estar garantizado. Las políticas de austeridad no deberían afectar a la libre elección de anticonceptivos”.

El barómetro considera deficientes y desiguales las campañas de promoción de la salud sexual y reproductiva, salvo por puntuales acciones desarrolladas en algunas comunidades autónomas. Se considera también muy deficiente la educación en salud sexual y reproductiva, con implantación desigual entre comunidades autónomas y entre ciudades y poblaciones de los mismos territorios. Hay que recordar que la ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 prevé su inclusión y desarrollo en los currículos escolares, pero “esto ha quedado en vía muerta, y de hecho los cambios previstos en la nueva ley de educación reducen el marco curricular y de tutorías en educación sexual”, denuncia el presidente de la FPFE. “Está demostrado que el dinero invertido en educación, prevención sanitaria y social mejora la salud de la población y ayuda a la sociedad a superar la crisis económica”. El Gobierno tampoco ha establecido unos criterios sistematizados para la formación de profesionales en salud sexual y reproductiva, a pesar de los excelentes trabajos de investigación y de los protocolos de actuación y buenas prácticas que han desarrollado las sociedades científicas, ni se ha puesto en marcha ningún plan que aborde los aspectos científicos y culturales de la sexualidad. No se abordan los aspectos afectivos de la adolescencia y escasamente la contracepción y la prevención del VIH/ITS. Los Servicios de asesoramiento individual son desiguales y reducidos, no se abordan de forma sistematizada en las carteras de servicios y en general dependen de la voluntad personal de las y los Profesionales de la salud.

La FPFE resalta que desde la redacción del barómetro europeo de acceso a anticonceptivos modernos, en el Estado español se ha reducido el acceso financiado a los contraceptivos de última generación. Las usuarias/os vienen denunciando la menor disponibilidad de anticonceptivos de barrera, nuevos contraceptivos hormonales financiables (nuevas moléculas, vías transdérmica o vaginal, implante, DIU, etc.) o anticoncepción de urgencia, a lo que se ha sumado el recorte farmaceútico puesto en marcha el 1 de agosto de este año, que ha privado a un millón de mujeres de varios anticonceptivos hormonales y que supone un evidente retroceso de la ley de salud sexual y reproductiva.   Tal y como apunta Luis Enrique Sánchez, “en esta situación de crisis para tantas personas, si no hay financiación y garantías de dispensación se corre el riesgo de un aumento de las tasas de embarazo no planificado y por tanto, de manera indirecta, de interrupciones voluntarias del embarazo”.

Estos recortes presupuestarios y las medidas administrativas sanitarias repercuten especialmente en los colectivos más vulnerables, como inmigrantes sin tarjeta sanitaria, jóvenes, personas seropositivas o mujeres víctimas de violencia de género. “Es necesario dar una respuesta colectiva a esta situación, ya que no podemos seguir contando sólo con el esfuerzo de colectivos profesionales u ONGs. Las medidas tendentes a la igualdad efectiva de mujeres y hombres deben acompañarse de la posibilidad efectiva de acceso a los contraceptivos seguros y efectivos. Los planes de igualdad deben incorporar medidas para el acceso integral a la salud sexual y reproductiva, incluyendo en ellos el libre acceso a la contracepción”.

Por todo ello la Federación de Planificación Familiar Estatal, y ante los datos del barómetro europeo, cree necesario abrir un debate con la sociedad civil, las organizaciones sanitarias profesionales y científicas, los grupos parlamentarios y los Gobiernos regionales y el Gobierno central, instando a que se tomen medidas urgentes para avanzar en la solución a las deficiencias señalas por el informe. La FPFE solicitará en los próximos días una reunión urgente con la Ministra de Sanidad y los responsables de su departamento para abordar la solución a unos problemas que ponen en cuestión el acceso real a los métodos anticonceptivos y la puesta en práctica de la ley de salud sexual y reproductiva.

 El Barómetro del acceso de las mujeres a la libre elección de anticonceptivos modernos en 10 países de la UE evalúa las políticas y la situación actual de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la educación sobre ellos y sobre los distintos tipos de anticonceptivos modernos para adolescentes y jóvenes, la formación de los profesionales de la salud y proveedores de servicios o las campañas de sensibilización que los distintos países ponen en práctica sobre la importancia de la salud reproductiva. El barómetro recoge datos comparativos y recomendaciones sobre diez países de la UE: Alemania, Bulgaria, España, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, República Checa y Suecia.

 El barómetro europeo está dirigido por la red europea de la Federación Internacional de la Planificación Familiar (IPPF), y en su elaboración han participado asociaciones de la red junto con organizaciones y expertas/os en salud sexual y reproductiva, que han recogido los datos y formulado las recomendaciones.

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