Durante la pandemia, los gobiernos europeos deben garantizar urgentemente el acceso de las mujeres a la atención del aborto de manera segura y a tiempo, pedimos más de 90 organizaciones.
Compartimos la declaración suscrita por casi 100 organizaciones, y el comunicado emitido por la Federación Internacional de Planificación Familiar en Europa, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y Human Rights Watch:
En Europa muchas mujeres están luchando para acceder de manera segura a la atención del aborto durante la pandemia, ya que las barreras que suponen las leyes altamente restrictivas y los complejos requisitos administrativos para acceder a los servicios de aborto están haciendo que el acceso seguro a esta atención sanitaria esencial sea extremadamente difícil. El llamamiento se produce cuando el Parlamento de Polonia se prepara para debatir una nueva ley draconiana que haría que una de las leyes de aborto más restrictivas de Europa lo sea significativamente más.
«Los gobiernos europeos deben actuar con urgencia para garantizar el acceso seguro y oportuno a la atención del aborto durante la pandemia por COVID-19», ha declarado Leah Hoctor, Directora Regional para Europa del Centro de Derechos Reproductivos, quien ha añadido que «deben actuar rápidamente para erradicar todos los requisitos medicamente innecesarios que obstaculizan el acceso a la atención del aborto, y deben autorizar a las mujeres a acceder al aborto farmacológico temprano desde sus hogares».
Los gobiernos deben reconocer el aborto como atención a la salud esencial y tomar medidas para garantizar que las mujeres puedan acceder de manera segura al aborto.
La mayoría de los gobiernos de la región no han aplicado medidas para garantizar el acceso seguro y oportuno a los servicios, suministros o información esenciales en materia de salud sexual y reproductiva durante la pandemia, incluido el manejo en el hogar del aborto farmacológico. Muchos hospitales y clínicas han reducido los servicios de salud reproductiva hasta mínimos, o los han cerrado por completo debido, entre otras razones, a la escasez y a las reasignaciones de personal. En muchos lugares, acceder a servicios clínicos habituales se ha vuelto extremadamente difícil.
Las restricciones a los servicios de salud reproductiva afectan desproporcionadamente a las mujeres que viven en la pobreza, las mujeres con discapacidad, las mujeres gitanas, las mujeres migrantes en situación irregular, las adolescentes, las personas trans o de género no binario, y las mujeres que son sobrevivientes de violencia doméstica y/o sexual o están en riesgo de sufrirla.
Preocupa particularmente la situación en los seis países europeos donde el aborto todavía es ilegal o está severamente restringido y en los países donde, debido a diversas barreras como son los procesos administrativos o la negativa a brindar atención sanitaria por creencias privadas, las mujeres a menudo se ven obligadas a viajar al extranjero para acceder a la atención del aborto u obtener por correo fármacos para el aborto desde proveedores sanitarios que se encuentran en otros países.
El impacto nocivo de estas leyes y barreras altamente restrictivas se agrava en el contexto actual, ya que puede ser imposible que las mujeres realicen estos viajes o puedan recibir los fármacos por correo.
«Si bien la pandemia está afectando a todos los aspectos de nuestras vidas, no debe usarse como una excusa para socavar los derechos de las mujeres a tomar decisiones con respecto a sus derechos reproductivos y su salud», afirma Caroline Hickson, Directora Regional de la Federación Internacional de Planificación Familiar en Europa (IPPF EN).
Fotografía de Charles Deluvio en Unsplash