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Galicia: La salud y los derechos sexuales y reproductivos durante la legislatura 2016-2020

Posteado en Mar 16, 2020

El año 2020 es muy importante para la garantía de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos elecciones autonómicas confirmadas en Galicia y Euskadi y hay la posibilidad de unas terceras, Cataluña. Para saber hacia dónde debemos ir, analizamos los avances y retrocesos durante la última legislatura en Galicia.

Siguiendo con la iniciativa de valorar los avances y retrocesos en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos durante el año 2019, esta vez analizamos los avances y retrocesos durante la última legislatura en Galicia. Porque conocer es fundamental para proponer y mejorar la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

 

Galicia durante la última legislatura

Acceso a servicios

Tal y como indica la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), el desarrollo de Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud es insuficiente y ha generado situaciones de vulneración del derecho a la salud. Concretamente se ha vulnerado el derecho a la atención de la salud sexual y reproductiva, con barreras administrativas, a mujeres embarazadas en situación de irregularidad o petición de asilo.

Este tipo de atención depende actualmente de la voluntad de las y los profesionales, lo que provoca que algunas mujeres en situación irregular desconozcan que tienen derecho a la atención médica durante su embarazo y que algunos/as profesionales exijan el empadronamiento para atenderlas.

 

Galicia es la comunidad autónoma con menos matronas del Estado español, con una ratio de tan solo una por cada 10.000 habitantes.
→ El sistema sanitario público de España cuenta con 8.531 matronas: 0,18 por cada mil habitantes.
→ En Galicia hay alrededor de 325, con un ratio de 0,12 por cada mil habitantes. Por tanto, ocupa el último lugar en el Estado español.  

 

La falta de ginecólogos/as y la edad de muchos/as de quienes están en activo, próxima a la jubilación, ponen en peligro la continuidad de los centros de planificación familiar. En 2020, se pueden quedar sin personal centros como los de Orillamar o Ventorillo. Desde 2015, en Galicia se ha pasado de 10 Centros de Orientación Familiar a 3.

 

En febrero de 2020 la movilización social consigue que la Xunta de Galicia rectifique su decisión de cerrar el paritorio y las urgencias pediátricas del Hospital Público de Verín, que dejaba a la población a 80 km del hospital público más cercano con este servicio . Pero la pediatra que la Xunta incorporó al hospital de Verín tras su rectificación procedía del área de Cee y Corcubión, por lo que la zona de A Costa da Morte, que ya de por sí tiene deficiencia de estos servicios, se ha quedado sin esta especialista.

 

Acceso a anticoncepción y prevención de ITS

El 74% de los alumnos y alumnas de la ESO dicen no haber utilizado ningún método anticonceptivo según un estudio elaborado en 2019 en la provincia de A Coruña.

 

Los últimos datos de 2017 indican que Galicia posee la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo más baja del Estado, 6,5 embarazos por cada 1.000 mujeres frente la media estatal de 11,12. Esta tasa se mantiene desde 2015.

 

En abril de 2018, la Consejería de Sanidad retiró de su web el folleto que incluía la marcha atrás como método anticonceptivo. Este folleto, elaborado hace más de 10 años a partir de recomendaciones que la OMS hizo en el pasado, se había quedado obsoleto y aún no había sido reemplazado o actualizado. La Sociedade Galega de Contracepción indica que la tasa de embarazo con este método es del 22%.

 

Las medidas del gobierno central en favor de la financiación de los métodos anticonceptivos han permitido a los y las gallegos/as :

→ Acceder gratuitamente al anillo vaginal anticonceptivo desde el 1 de noviembre de 2019.
→ Acceder a anticonceptivos orales (como el levonorgestrel / etinilestradiol) a precio reducido.

No obstante, algunas farmacias – pocas – siguen sin dispensar métodos anticonceptivos alegando objeción de conciencia.

Interrupción voluntaria del embarazo

En julio de 2019 el Parlamento gallego aprobó una moción presentada por el Partido Socialista de Galicia, PSdeG, a favor del cumplimiento de la ley que regula el aborto, tras la acusación a la Xunta de Galicia de anteponer el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina al derecho al aborto de las mujeres por razones «ideológicas». No obstante, pese a la moción del Parlamento gallego, la objeción de conciencia sigue usándose para no practicar abortos y derivar a otros/as profesionales. 

 

A partir de la semana 14 de gestación el Servicio Gallego de Salud (Sergas) no practica abortos eugenésicos. Como consecuencia, las mujeres son derivadas a clínicas privadas de Madrid con las que se mantiene un convenio. Para ello deben adelantar el dinero del transporte e ir y volver en el mismo día ya que no se cubre el alojamiento; tampoco se considera la posibilidad de que vayan acompañadas por otra persona salvo por prescripción médica.

 

Galicia ha creado 2 comités de interrupción del embarazo formados por 6 médicos/as especialistas en ginecología, obstetricia y pediatría, de manera que la mujer que vaya a practicarse la interrupción voluntaria del embarazo elegirá entre ellas/os con el fin de que emitan el dictamen que la permita abortar (entre las funciones de estos organismos se encuentra la emisión de un dictamen habilitante sobre aspectos clínicos). Estos dos comités se suman al que estaba ya en funcionamiento y que es obligatorio por ley.

Educación sexual

La educación sexual sigue sin ser obligatoria ni estar presente en el currículum escolar. Para recibir educación sexual, las y los adolescentes de Galicia dependen de la voluntad del centro educativo, del profesorado o de algún organismo que lo posibilite.

 

El Parlamento gallego aprobó, en enero de 2020, una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Grupo Común de la Izquierda para la introducción de la educación afectivo-sexual en el marco del sistema obligatorio de enseñanza.

 

Las Consejerías de Sanidad y Educación crearon en 2019  la Comisión  Interdepartamental en Materia de Educación y Salud, un órgano previsto en la Ley de Salud que tiene encomendado el desarrollo de iniciativas de promoción, protección y educación para la salud. Aunque hasta el momento son escasas, entre las iniciativas se incluyen intervenciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva. 

 

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