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La FPFE celebra el anuncio de modificación de la ley que regula el aborto

Posteado en Oct 8, 2020

Devolver el derecho a interrumpir su embarazo a las mujeres de 16 y 17 años sin pedir autorización, implantar la educación sexual y facilitar el acceso de las mujeres a todos los métodos anticonceptivos es necesario para cumplir con las normativas y recomendaciones nacionales e internacionales. Y con los derechos.

 

La FPFE celebra que la Ministra de Igualdad, Irene Montero, anuncie la modificación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo para devolver el derecho a interrumpir su embarazo a las mujeres de 16 y 17 años sin tener que contar con autorización, para promover la educación sexual y para facilitar el acceso de las mujeres a todos los métodos anticonceptivos.

Reiteramos lo que ya hemos dicho en múltiples ocasiones, y que tuvimos la ocasión de expresar a la Ministra recientemente: que las adolescentes de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin tener que contar con autorización evita que algunas de estas mujeres, a las que pedir autorización puede poner en riesgo de sufrir un conflicto grave o malos tratos, se vean abocadas a un aborto clandestino y con riesgo para su salud. Una gran diversidad de normas legales establece que a esa edad las mujeres pueden tomar decisiones de manera responsable y autónoma, y no hay motivos basados en la salud y las evidencias para que no puedan ejercer ese derecho.

Por otra parte, el anuncio de que se incluirán en la futura ley medidas enfocadas a garantizar el mejor acceso posible a la anticoncepción con sus formas «más novedosas y efectivas» acercaría al Estado español al nivel de acceso a estos servicios de salud sexual y reproductiva que hay en otros países europeos. La FPFE espera que este anuncio se acompañe de medidas que garanticen la financiación pública de todos los métodos de anticoncepción en todo el territorio estatal, para acabar así con las desigualdades entre comunidades autónomas, y de medidas que supongan también el acceso de todas las mujeres a los servicios y métodos anticonceptivos, independientemente de su situación administrativa, como una de las mejores maneras de prevenir los embarazos no planificados, de mejorar la salud sexual y reproductiva y de contribuir a que todas las mujeres puedan tomar decisiones de manera autónoma sobre sus opciones reproductivas, lo cual es un derecho reconocido por el Estado español desde hace décadas en diversos tratados internacionales.

Por último, la incorporación de la educación sexual al currículum escolar es fundamental para dar a niñas, niños y jóvenes herramientas que les permitan vivir sus relaciones y su sexualidad con bienestar y de forma segura. Por ello hace unos meses más de 170 organizaciones sociales pedimos en una carta abierta que la educación sexual sea apoyada por las instituciones públicas, incorporada a la ley de educación y aplicada en todo el territorio a través de políticas públicas específicas que incluyan a toda la comunidad educativa y que eviten que su aplicación dependa de la voluntad de cada comunidad autónoma. El anuncio de la Ministra de Igualdad indica que estamos más cerca de ello.

La Federación de Planificación Familiar, que ha mostrado reiteradamente su oposición a la reforma de la ley aprobada en 2015 y ha pedido la derogación de esta ley desde entonces, considera que este anuncio es un paso adelante para que el Estado español cumpla con las recomendaciones y directrices de organismos internacionales y con los derechos de las mujeres. Por tanto, esperamos que el anuncio se convierta en acción cuanto antes para hacer realidad este compromiso.

 

 

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