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En la calle: exigimos que se restituya el derecho a todas las personas

REDER, de la que la FPFE forma parte; Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal piden frente al Ministerio de Sanidad que se aplique la universalidad de la sanidad pública

Madrid 31 de julio de 2019.- Un año después de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, organizaciones de la sociedad civil exigen al Gobierno de España una nueva regulación integral y garantista que sitúe en el centro de las políticas el derecho a la salud y garantice el acceso al sistema sanitario en condiciones de igualdad a todas las personas que viven en España, sin distinción alguna.

Amnistía Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) -integrada por más de 300 organizaciones y entre las que está la FPFE- y Yo SÍ Sanidad Universal manifiestan una profunda preocupación ante la actual exclusión sanitaria que viven cientos de personas migrantes en España a pesar de que hace un año el Gobierno anunciara que el país recuperaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

©Jaime Villanueva

Por ello, las organizaciones se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para protestar por esta situación mediante la construcción de un muro que representa las dificultades a las que muchas personas tienen que enfrentarse día a día. 

Lee aquí la carta enviada a la Ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo

Resulta particularmente preocupante que, más allá de estas barreras, la nueva legislación no garantice en todo caso y sin excepción la atención sanitaria de las personas extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad: mujeres embarazadas, menores de edad, víctimas de trata y solicitantes de asilo, así como la atención en urgencias hasta el alta médica. Cabe recordar que la obligación de prestar especial protección a estas situaciones está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el punto de que incluso una norma tan restrictiva de derechos como fue el RDL 16/2012, la contemplaba de manera expresa.

Recorrimos seis centros de salud y en todos nos negaron la asistencia. Estaba de casi de ocho meses y no había pasado ningún monitoreo. No sabía si el bebé estaba colocado, si venía enrollado (…) tampoco el sexo. Solo me quedaba esperar que todo estuviera bien el día del parto”, explica Josefina –nombre ficticio para proteger su identidad-, de nacionalidad peruana y reiteradamente excluida de los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid.

Una normativa ambigua que da lugar a la interpretación

 Tal y como ya advirtieron las organizaciones firmantes durante el proceso de elaboración del RDL 7/2018, la excesiva ambigüedad en la redacción del texto, así como la introducción de múltiples condicionantes para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, son una puerta abierta a la persistencia de situaciones de exclusión, pues levantan barreras infranqueables para muchas personas.

Por ello, las organizaciones recuerdan una vez más al Gobierno los compromisos adquiridos en virtud de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, en particular las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales al Gobierno español en abril de 2018 que instan a adoptar las medidas necesarias para que las personas migrantes tengan acceso a los servicios de salud sin discriminación alguna.

Una sanidad que priorice la prevención otorgando cobertura a toda la población, sin exclusiones, es una sanidad más eficiente y menos costosa –pues reduce el número de hospitalizaciones y minimiza los riesgos de salud pública, entre otras– fortaleciendo el Sistema Nacional de Salud en beneficio de toda la sociedad.


REDER es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la denuncia de su incumplimiento. Para más información: www.reder162012.org