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Es hora. Se necesita reglamento para asegurar acceso de TODAS a atención sanitaria

Posteado en Nov 14, 2018
Es hora. Se necesita reglamento para asegurar acceso de TODAS a atención sanitaria

Autonomías y gobierno celebran Consejo Interterritorial de salud. Con REDER, Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal, les decimos que no se puede esperar.

El jueves 15 de noviembre se reúne el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que tiene por objetivo coordinar los diferentes servicios sanitarios del Estado. Las organizaciones que integran REDER, entre ellas la FPFE,  junto con Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal, recuerdan a las autoridades que, aunque el Real Decreto Ley 7/2018 (RDL en adelante) fue un paso en la dirección adecuada para recuperar la universalidad en el acceso a la salud, se deben abordar en este encuentro sus fallos y ambigüedades para lograr el objetivo pretendido.

Para ello, solicitan la adopción urgente de un reglamento que blinde el derecho a la salud y la creación de un mecanismo permanente de evaluación para evitar y corregir prácticas de exclusión sanitaria en los sistemas sanitarios autonómicos. El hecho de que el Congreso haya decidido tramitar el RDL como proyecto de ley es una oportunidad para mejorar su redacción actual, que queda lejos del pretendido fin de que todas las personas tengan acceso a la atención sanitaria. El necesario periodo de tramitación no puede suponer que el gobierno y las CCAA no actúen para aplicar el RDL y evitar la desprotección que están sufriendo muchas personas.

Las organizaciones recuerdan que, tal y como habían ya advertido, todavía se está excluyendo a personas del acceso a la atención de su salud como consecuencia de que la norma se puede interpretar de manera restrictiva, poniendo límites al acceso de las personas migrantes en situación irregular. Por ejemplo, y en relación con el requisito de tres meses de estancia en España: a pesar de que este requisito está destinado solo a personas con estancia temporal autorizada, podría dar lugar a interpretar que todas las personas necesitan tres meses de estancia en España antes de poder acceder a la atención sanitaria.

Fallos, ambigüedades y obstáculos

El RDL tampoco armoniza el procedimiento ni los requisitos que las CC.AA. deben establecer para que se pueda obtener la tarjeta sanitaria. Como consecuencia, cada comunidad autónoma está interpretando de manera diferente la nueva norma, como ya ocurrió con el anterior RDL 16/2012. Las organizaciones alertan además de que la ley no especifica qué personas en situación de mayor vulnerabilidad recibirán atención en cualquier circunstancia (mujeres embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, personas solicitantes de protección internacional y personas que requieran atención de urgencias). La consecuencia de esto es que en algunas comunidades autónomas se han exigido pagos por la atención sanitaria, por ejemplo, a menores de edad y mujeres embarazadas. Además, hay algunas CC.AA. que siguen exigiendo el empadronamiento como requisito, cuando el nuevo decreto no lo contempla. Como resultado, se producen violaciones del derecho a la salud.

“No debemos olvidar que venimos de una situación regresiva, ya que el anterior Real Decreto Ley dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas. Si la finalidad del gobierno es conseguir que ninguna persona quede excluida de un derecho como es el acceso a la salud, éste debe estar blindado”, ha declarado Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España.

“Barreras administrativas, ambigüedad en la ley que puede dar lugar a interpretar de manera restrictiva la norma, falta de armonía en los procedimientos y requisitos para obtener la tarjeta sanitaria: cualquier obstáculo que presente esta norma debe ser abordado en la reunión del Consejo Interterritorial”, ha añadido Eva Aguilera, responsable de Incidencia Política en Médicos del Mundo.

Algunos requisitos administrativos son especialmente preocupantes, entre ellos varios de los que se exigen a personas migrantes en situación irregular. Las organizaciones denuncian que se pida a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo inviable, especialmente para aquellas con menos recursos económicos.

“La exclusión también persiste para las personas que obtuvieron su permiso de residencia por ser padres y madres de ciudadanos comunitarios, y que siguen sin recibir la tarjeta sanitaria porque el gobierno, a pesar de múltiples sentencias en contra, se niega a ordenar al Instituto Nacional de la Seguridad Social que cumpla la normativa y les facilite la cobertura sanitaria”, denuncia Yo Sí Sanidad Universal.

Más información

El gobierno de Pedro Sánchez publicó el pasado 30 de julio, en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto Ley 7/2018, que se adoptó para acabar con la situación creada por el regresivo y discriminatorio Real Decreto Ley 16/2012 que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas y que limitaba el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Más de 12 mecanismos internacionales de protección de derechos
humanos habían pedido la reforma del Real Decreto Ley 16/2012 y habían solicitado una evaluación exhaustiva del impacto en materia de derechos humanos de esta norma, que ha estado vigente en los últimos años.

REDER es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la denuncia de su cumplimiento. Actualmente forman parte de REDER más de 300 organizaciones sociales y profesionales como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Médicos del Mundo, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD), Andalucía Acoge, la Plataforma Salud Universal Aragón; la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT); la Rede Galega en Defensa do Dereito á Saúdade; la Asociación de Usuarios de la
Sanidad de la Región de Murcia; la Plataforma “Ciudadanía contra la exclusión sanitaria”; la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FDASP), la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), la Asociación de Refugiados e Inmigrantes de Perú (ARI-PERÚ) o la Red Transnacional de Mujeres (NetworkWoman) entre otras. Para más información: www.reder162012.org

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