Señalamos a la Comisión de Reconstrucción la importancia de seguir invirtiendo en la salud de las mujeres y de fortalecer los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva.
También quiere resaltar la importancia de no dar ningún paso atrás en la defensa y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que son garantía de que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia su sexualidad.
Comprendiendo la situación de excepcionalidad provocada por la pandemia de la Covid-19 y de todos los esfuerzos necesarios que se han realizado y quedan por hacer, la FPFE quiere recordar la necesidad de:
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- Desarrollar de manera efectiva la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSR) establecida en la ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
- Modificar el Real Decreto-Ley 7/2018 para garantizar la Igualdad en el acceso a las prestaciones y servicios establecidos por el Sistema Nacional de Salud que inciden en la salud sexual y reproductiva sin discriminación alguna debido a la situación administrativa de las personas.
- Garantizar la atención a la salud sexual y reproductiva y a la sexualidad tanto en el marco de la Atención Primaria Sanitaria como a través de servicios específicos y de la atención especializada.
- Facilitar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente para los grupos más vulnerables de la población como son las personas jóvenes, inmigrantes y las personas con discapacidad.
- Aumentar y potenciar los centros de atención a la sexualidad específicos para las y los jóvenes, adaptados a sus contextos y lenguajes según el criterio de la OMS que recomienda la existencia de al menos un centro especializado de salud sexual “amigable” por cada 100.000 personas jóvenes de entre 10 y 24 años (OMS Europe, 2001).
- Garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos, incluyendo los más modernos, a través de la financiación pública.
- Incluir la educación sexual integral en los contenidos formales del sistema educativo, adecuada a cada edad, con presupuesto específico para su desarrollo, formación del profesorado y contenidos que garanticen una vivencia de la sexualidad positiva y libre de riesgos.
- Derogar la Ley Orgánica 11/2015 para garantizar el derecho de las mujeres de 16 y 17 años a la interrupción voluntaria del embarazo sin tener que pedir permiso, tal y como recomiendan diversos organismos internacionales.
- Tener en consideración el marco internacional vigente relacionado con la salud de la mujer y la igualdad de género mediante el respeto e impulso del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
- Desarrollar de manera efectiva la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSR) establecida en la ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Fotografía de João Marcelo Martins en Unsplash