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La salud y los derechos sexuales y reproductivos en el (peculiar) 2019

Posteado en Ene 9, 2020

2019 ha sido peculiar, políticamente hablando, en el Estado español. Repasamos un año en el que las dos elecciones generales han cambiado el mapa político y la correlación de fuerzas se ha visto modificada con la irrupción de nuevos movimientos políticos.

 

En este contexto de complejidad e inestabilidad política, la salud sexual y reproductiva también ha tenido avances y retrocesos. Señalamos aquí las iniciativas ejecutivas y legislativas estatales y autonómicas más significativas en cinco ámbitos relacionados: los servicios de atención a la salud sexual, el acceso a la anticoncepción, el aborto, la educación sexual y la violencia sexual y de género.

Cabe celebrar, antes de entrar en materia y como marco general, que a lo largo de 2019 se haya sacado del cajón la Estrategia Nacional sobre Salud Sexual y Reproductiva que se encontraba prácticamente paralizada desde 2011 y que ofrece un marco de actuación para garantizar la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres residentes en España. En el marco del desarrollo de esta Estrategia Nacional se han realizado a lo largo de este año varios anuncios que de llevarse a cabo supondrían avances, entre ellos la recuperación de la Encuesta Nacional de Salud Sexual cuya última edición fue en 2009, y otros de los que damos cuenta aquí.

 

Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

Tal y como advierte la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), el desarrollo del Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud es insuficiente y ha generado situaciones de vulneración del derecho a la salud, y concretamente al derecho a la salud sexual y reproductiva. Se sigue limitando este derecho mediante barreras administrativas a mujeres embarazadas en situación de irregularidad o petición de asilo.

Los recortes en sanidad realizados principalmente en las comunidades autónomas de Andalucía y Galicia dibujan un mapa en el que los centros de planificación y/o orientación familiar cada vez obtienen menos recursos públicos están viéndose abocados a su desaparición a corto/medio plazo.  

El gobierno ha anunciado la creación de un programa de formación sobre salud sexual para profesionales sanitarios, aunque todavía no se ha desarrollado ni sabemos cómo se va a aplicar.  

 

Acceso a la anticoncepción y prevención de ITS

Un año más continúa la inequidad en el acceso a métodos anticonceptivos en el Estado español. Las diferentes normativas autonómicas producen desigualdad en el acceso: mientras que en unas comunidades autónomas la mayoría de anticonceptivos son gratuitos, en otras hay que pagar por ellos.

Aun así ha habido avances significativos con relación a la anticoncepción, tanto en su financiación como en campañas de sensibilización sobre la importancia de su uso. Podemos destacar que el Gobierno:

Ha aprobado la financiación pública del anillo vaginal anticonceptivo desde el 1 de noviembre.
 Ha anunciado la bajada de precios de anticonceptivos orales (como el levonorgestrel/etinilestradiol)
Ha realizado la campaña de sensibilización #SiemprePreservativo con el objetivo de reducir la transmisión de ITS y aumentar el uso de métodos anticonceptivos.

 

Interrupción voluntaria del embarazo

El incremento de la presencia pública de grupos coercitivos que se oponen al derecho al aborto y la impunidad con la que actúan para difundir información falsa ha provocado que a lo largo de 2019 se hayan incrementado las acciones de coacción y acoso que sufren las mujeres cuando acuden a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo.

Frente a esta situación de acoso e impunidad más de 60 organizaciones han dado soporte a la campaña “Aborto sin acoso” para pedir que se tipifiquen como delito las conductas que obstaculicen, acosen y hostiguen a las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo.

Paralelamente, algunos grupos, a través del partido de ultraderecha VOX, han lanzado la iniciativa “Municipios a favor de la vida” para dotar de presupuesto actividades relacionadas con acciones y campañas en contra del derecho de interrumpir voluntariamente un embarazo.

 

Educación sexual

Probablemente, el ámbito de la educación sexual sea en el que más se haya avanzado a lo largo de este 2019, ya que es en el que hay más camino para recorrer.

A finales del mes de noviembre el Ministerio de Sanidad anunció un acuerdo con el Ministerio de Educación «para fomentar la promoción y educación para la salud sexual y reproductiva» con el objetivo de incluir la educación sexual en los contenidos formales del sistema educativo. Probablemente, la educación sexual se incluya dentro de la asignatura educación para la salud.

 A nivel autonómico se han puesto en marcha programas de educación sexual, o se han anunciado para el corto plazo. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su voluntad de instaurar la educación sexual en sus institutos, y en Galicia se ha producido un acuerdo entre los grupos políticos para potenciar la educación sexual en todos los niveles educativos. En Cataluña la Generalitat ha puesto en marcha el proyecto piloto sobre educación sexual y afectiva “Coeduca’t”.

Grupos fundamentalistas que se oponen a los derechos y grupos de ultraderecha también han desarrollado campañas para desprestigiar la educación sexual e intentar eliminarla de las aulas. Dos de sus iniciativas más importantes han sido:
☐ La campaña para la introducción del llamado pin parental en los colegios, por el que los y las padres y madres entregan una carta para que sus hijos no participen en los talleres de educación sexual que se vayan a realizar.
☐ Las peticiones en la Asamblea de Madrid y en el Parlamento de Andalucía de los nombres y apellidos de las y los profesionales que imparten talleres en favor de la diversidad LGTBI.

 

Violencia sexual

La sentencia del juicio de ‘la manada’ y el rechazo a las violaciones grupales han generado en la sociedad civil un necesario debate, liderado por el movimiento feminista, respecto a qué son las agresiones, los abusos sexuales y las violaciones, y sobre la necesidad de introducir en el centro de dicho debate el consentimiento. Como muchas veces en la historia, se ha demostrado que la sociedad está más capacitada para debatir y llegar a consensos que los y las políticos/as.

Se ha propuesto estudiar el establecimiento de una nueva legislación que regule la violencia sexual según la existencia o ausencia de consentimiento.

 

 

¿Va a ser 2020 un año clave para los derechos y la salud sexual y reproductiva?

En el momento de escribir este artículo y de mandarlo a imprenta, el texto acababa con una pequeña reflexión titulada «Hacia la incertidumbre de 2020». A 9 de enero de 2020, el Congreso de los Diputados ya ha votado en favor de Pedro Sánchez como Presidente del Estado español en coalición con Unidas Podemos. Este gobierno va a ser una experiencia novedosa en muchos ámbitos, tanto por su forma como por su ideología. Esperamos que al menos sirva para realizar una apuesta clara para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y para defender y garantizar estos derechos de las amenazas que sufren.

 

Adrià Belenguer Sòria
Área de Intervención Social de FPFE

 

 

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Este artículo pertenece al número 118 de la revista Diálogos. Para leer otros contenidos, pulsa aquí.

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