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Día de la Planificación Familiar: hay camino por recorrer

La pandemia ha agravado las consecuencias de la falta de servicios suficientes y adecuados de salud sexual y reproductiva. Advertimos de su importancia, también en el Estado español.

El acceso a la planificación familiar es un derecho humano que salva la vida de muchas mujeres, les concede autonomía y promueve su empoderamiento. Además, contribuye a alcanzar la igualdad de género y a promover el desarrollo y a reducir la pobreza. Los progresos llevados a cabo durante los últimos 25 años, han permitido que se duplique el número de mujeres que utilizan anticonceptivos modernos (840 millones en 2018 según datos de UNFPA). Sin embargo, todavía hoy, unas 218 millones de mujeres en el mundo carecen de acceso a métodos de planificación familiar modernos pese a que les gustaría poder acceder a ellos. La falta de información, la escasez de servicios de atención a la salud sexual y reproductiva y la falta de suministros continúan siendo un grave obstáculo a pesar de los diversos compromisos y acuerdos internacionales firmados por gobiernos de todo el mundo.

El pasado año, la Cumbre de Nairobi sobre la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo revisó y estableció una serie de medidas (cero necesidades insatisfechas de planificación familiar, cero muertes maternas, cero violencia y prácticas dañinas contra niñas y mujeres) para acelerar el programa de acción acordado en la Conferencia de El Cairo en 1994. En El Cairo, 179 países se comprometieron a garantizar, entre otras cuestiones, el acceso a servicios de planificación familiar a todas las mujeres. Pero el último informe del Fondo de Poblaciones Unidas (UNFPA) revela que el 9% de las mujeres de 15 a 49 años que desean impedir o retrasar su maternidad, no utilizan ningún método anticonceptivo –ni tradicional, ni moderno-; lo que constata la necesidad de acometer cambios y reforzar los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva en muchos lugares del mundo.

Según el mismo informe, también en España hay un 9% de mujeres de entre 15 y 49 años que ven sus necesidades de planificación familiar insatisfechas. Esta cifra podría guardar relación con la falta de educación sexual, la necesidad de reforzar los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva públicos y con la progresiva precarización de los centros de planificación familiar en el Estado español.

Para entender la situación en España, hay que tener en cuenta que el modelo de atención a la salud sexual y a la planificación familiar presenta diferencias según cada comunidad autónoma, lo que da lugar a inequidades en cuestiones como la financiación pública de métodos anticonceptivos o el tipo de servicios a los que las personas tienen acceso en cada territorio. Aunque hay comunidades que tienen programas concretos para la anticoncepción, otras solo se centran en la prevención de embarazos no deseados, de infecciones de transmisión sexual y VIH; y algunas, ni siquiera lo contemplan como área prioritaria. Asimismo, unas ofrecen atención tanto en los Centros de Salud de atención primaria como en centros específicos de atención a la salud sexual y reproductiva; mientras que otras han integrado los centros de planificación familiar dentro de los Centros de Salud. Por su parte, algunos ayuntamientos, continúan manteniendo centros especializados que ofrecen atención en materia de anticoncepción.

Aunque continúan existiendo en el Estado español centros que trabajan con un enfoque integral y desde los derechos sexuales y reproductivos, lo cierto es que muchos han ido desapareciendo o debilitándose debido a la falta de apoyo institucional, especialmente durante la última década. Mientras en muchos centros de planificación familiar sus profesionales han dejado de ser sustituidos durante las vacaciones, bajas o jubilaciones; en otros, la falta de compromiso ha llevado a su cierre definitivo, saturando los centros que permanecen aún abiertos y dificultando o negando el acceso a la planificación familiar a miles de personas en nuestro país.

Desde la FPFE recordamos que garantizar el acceso a la planificación familiar y a la salud sexual y reproductiva, no solo es un derecho humano y una meta fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también es indispensable para que ninguna mujer, independientemente de su situación, se quede atrás.

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