La FPFE explica en el siguiente comunicado por qué acata pero no comparte la sentencia de la Audiencia Nacional contra nuestro recurso. Agradecemos toda la solidaridad recibida.
La FPFE acata la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el recurso presentado contra la decisión del Ministerio del Interior de revocar la declaración de utilidad pública de la FPFE a instancias de la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC). Sin embargo, no compartimos la raquítica fundamentación en la que se sustenta la resolución del Tribunal, a saber, que el 14 de octubre de 2015 la FEDERACIÓN fue sancionada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por publicitar fármacos que la ley prohíbe anunciar tal como se hizo.
La sentencia dictada por la Audiencia Nacional omite cualquier referencia a que la sanción que fue impuesta a la FPFE por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid fue una sanción leve en grado mínimo.
La infracción que, a partir de denuncia formulada por la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC) fue objetivada por la Comunidad de Madrid, se concretaba en “publicidad de medicamentos de prescripción médica, algunos financiados por el Sistema Nacional de Salud, en una publicación y en una página Web accesibles al público en general” (Es decir, por haber subido a la web la revista Diálogos durante un breve tiempo).
En el curso de la tramitación del expediente sancionador, la Administración requirió a la FPFE que restringiera el acceso a dicha publicidad de forma que solo pudieran acceder a la misma personas facultadas para prescribir o dispensar medicamentos, requerimiento que se cumplió de inmediato (cumplimiento que, por cierto, se ha usado en ciertos medios para decir que la FPFE estaba intentando ocultar pruebas).
En la resolución por la que se impuso a la FPFE una sanción leve en su grado mínimo, se reconocía expresamente por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que:
- El beneficio obtenido por la publicidad de medicamentos había sido “0” euros.
- La FPFE disponía de autorización para la inserción de mensajes publicitarios concedida por el Servicio de Ordenación, Control y Vigilancia de Productos Farmacéuticos.
Por todo, no compartimos la decisión de la Audiencia Nacional por la que se convalida la revocación por el Ministerio del Interior de la declaración de utilidad pública de nuestra Federación, a petición de la Asociación Española de Abogados Cristianos (AEAC). Entidad que, a nuestro entender, carecía manifiestamente de legitimación alguna para impugnar la inicial concesión de dicha declaración. Y consideramos absolutamente desproporcionado que una sanción leve en grado mínimo por los hechos relatados pueda determinar la revocación de la declaración de utilidad pública de nuestra Federación, concedida por el Ministerio del Interior tras tramitarse un prolijo expediente en el que se obtuvieron todos los preceptivos informes favorables de las distintas Administraciones Públicas afectadas.
Es falso por tanto, como se ha publicado en algunas webs y algunos medios, que se nos haya sancionado por financiación ilegal y además reiterada. También es falso que se haya ocultado la sanción por la falta leve cuando se solicitó el reconocimiento de la declaración de utilidad pública, ya que dicha solicitud se registró en febrero de 2015, bastantes meses antes.
También sigue asombrando a la FPFE la celeridad y el procedimiento seguido por el Ministerio del Interior para revocar la declaración de utilidad pública: El 5 de mayo de 2016 se publica en el BOE que se declara a la FPFE como entidad de utilidad pública. Al día siguiente, el 6 de mayo, la Asociación Española de Abogados Cristianos interpone un recurso afirmando que la FPFE no puede ser de utilidad pública porque ha sido sancionada por financiarse ilegalmente, con base en la infracción administrativa leve mencionada más arriba. El 26 de mayo de 2016, es decir, pocos días después, el Ministerio del Interior revocó la declaración de utilidad pública de la FPFE.
Esta “falta administrativa leve” ha sido usada desde entonces para poner en marcha sucesivas campañas de acoso contra la organización y contra sus trabajadoras y colaboradoras. Se han iniciado campañas en redes sociales y ante diversos organismos nacionales e internacionales; se han enviado de manera masiva mensajes a las entidades públicas de las que recibimos alguna subvención para que éstas fueran suprimidas; diversos medios de comunicación han difamado a la organización, llegando a vincular a la FPFE con un supuesto “tráfico de órganos de bebés abortados”; se ha señalado públicamente y en medios online a varias trabajadoras y a varios de nuestros colaboradores, y no se han retirado comentarios de personas que indicaban cómo éstos deberían ser tirados “al camión del gas”…
No vamos a entrar en consideraciones morales ajenas que pertenecen al ámbito de las creencias de las diversas organizaciones civiles legales que hay en nuestro país. Sólo respondemos por la propia organización: la FPFE defiende el derecho de todas las personas a decidir libremente sobre su sexualidad y su reproducción; defiende el derecho al aborto, un derecho que está legalmente reconocido en nuestras leyes, por lo que entendemos que no tenemos que entrar a justificarlo. Defendemos la educación sexual, que también está contemplada en nuestra legislación, concretamente en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, y recomendada reiteradamente por organismos internacionales como Naciones Unidas como una de las mejores vías para prevenir la violencia de género, los embarazos no planificados o las infecciones de transmisión sexual.
Nos asombra tener que seguir defendiendo realidades que la inmensa mayoría de nuestra sociedad ve como normales y que deben ser abordadas desde el ámbito de la salud y de los derechos de las personas, pero sin duda seguiremos haciéndolo. Y sólo esperamos que, como ya hemos dicho en algunos de nuestros últimos comunicados, las creencias religiosas no se usen como un instrumento para legislar o para impartir justicia en su nombre cuando nuestra Constitución establece que estamos en un Estado aconfesional. Aprovechamos para dar las gracias a tantas personas y entidades que nos están mostrando una enorme solidaridad.