62 organizaciones sociales, entre ellas la FPFE, piden que se impida por ley el acoso que muchas mujeres sufren cuando acuden a las clínicas donde van a interrumpir voluntariamente el embarazo.
Además, y en ausencia de esta norma, se pide el establecimiento de zonas de seguridad en el entorno de los centros sanitarios, de manera que se garantice a las mujeres su intimidad, integridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación.
En la rueda de prensa de presentación de la Plataforma Pro Derechos se ha hecho hincapié en la responsabilidad de las instituciones públicas para acabar con el hostigamiento a las mujeres y a las y los profesionales de las clínicas: los Ayuntamientos, con competencias para la regulación de la ocupación de las vías públicas; las comunidades autónomas, que deben garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en buenas condiciones, y el Estado, que tiene que garantizar los derechos que están amparados por la ley, en este caso por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo de 201o.
Se calcula que desde 2010 más de 8.000 mujeres han sufrido acciones de acoso en las inmediaciones de las clínicas.